Expertos: Reforma judicial pasa por cambios en CPE y compromiso político

El analista y exlegislador Carlos Börth habló de la necesidad de la reforma constitucional para lograr cambios en el sistema judicial; sin embargo, sostuvo que la coyuntura política frena cualquier tipo de cambio por el interés del Gobierno central de mantener controlado este sistema judicial.

Para Börth, otro aspecto que frena reformas en la Constitución Política del Estado (CPE), en el tema judicial, es la falta de voluntad política.

Por lo tanto, a juicio de Börth, debe esperarse el cambio presidencial de 2025 “para generar la voluntad política para una reforma judicial en profundidad”.

A partir de entonces se podrá hacer las “reformar constitucionales para hacer cambios en la administración de justicia, de otra manera el empantanamiento va a continuar”.

Börth sostuvo que la decisión política del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) es la postergación indefinida de las elecciones judiciales y la permanencia en sus cargos de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y jueces del Órgano Judicial (OJ).

En la misma línea, el abogado constitucionalista y jurista independiente Ramiro Orías señaló la necesidad de demandar un acuerdo político de los aspirantes a gobernar el país en 2025 para encarar una profunda reforma judicial. “Este proceso marca la necesidad de voluntad y concertación política y los que pasa con las elecciones judiciales muestra que no hay concertación ni voluntad política y lo peor es que no se sabe cómo terminará esta alternativa para renovar los altos cargos de Justicia”, señaló.

Para Orías, la solución de la crisis judicial de largo plazo es un desafío político y amerita una agenda con la participación de todos los actores políticos. Lamentó que hasta ahora nadie lidere la reforma judicial ni el Ejecutivo ni el Judicial, pese a las recomendaciones de organismos internacionales.

Uno de los documentos más contundes para el abogado Ramiro Orías es el del relator García Sayán, pues en éste expresa una alta preocupación por el amedrentamiento sistemático a jueces, por la presión del Ministerio de Gobierno, por la corrupción e impunidad del sistema y por la extorsión de jueces, fiscales y autoridades penitenciarias.

Agenda de reforma que incluya la reforma constitucional, la eliminación del sistema de elección judicial basado en la preselección de candidatos a las elecciones judiciales por el Legislativo y más bien por una Comisión Nacional de Postulación.

El activista en derechos humanos Franco Albarracín señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su llamado al Estado de Bolivia a tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia en el país, mediante una reforma estructural, fundada en el principio de acceso a la justicia de las víctimas y a una reparación oportuna y adecuada.

El abogado constitucionalista Eusebio Vera señaló la necesidad de organizar una cumbre nacional con la participación de expertos en temas de justicia. Además, se debe contar con la participación de organizaciones que traban en la temática de los derechos humanos y organismos internacionales.

Vera insistió que el Órgano Judicial no es independiente y una clara muestra es el tratamiento de las acciones de amparo que frenan las elecciones judiciales. “Los procesos son totalmente direccionados, sesgados y tienen una alta manipulación dentro de su procedimiento; no hay igualdad jurídica en cuanto a procedimiento”, indicó.

A juicio de Mallón, los que eligen a los candidatos son los partidos políticos con presencia en el Legislativo y no los ciudadanos.

Para la analistas, la reforma judicial para por cambios dentro del Órgano Judicial y del TCP que garanticen la idoneidad de las altas autoridades. “No es posible que los magistrados tengan afiliación políticas o denuncias por prevaricato, por ejemplo”, fustigó.

Los mismos criterios deben ser para otros cargos como los fiscales, añadió.

Elección judicial está en riesgo

Las elecciones judiciales para elegir a las altar autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial debían realizarse en diciembre de la pasada gestión.

La aprobación de la ley para estos comicios se realizó en un contexto de presión pues afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) bloquearon las carreteras durante 16 días.

El Legislativo debe enviar la lista de los preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).