Un tribunal retiene 185 colmillos de jaguar desde hace dos años

Son 185 piezas dentales de medio centenar de felinos muertos las que se quitaron a una pareja traficante de vida silvestre. Desde 2018 están en la instancia judicial y en los próximos días se realizará la audiencia de apelación que exige su entrega

“No queremos pasar de una situación de tráfico de vida silvestre a otra”, explicó Fabrizio Ortiz, abogado de la Gobernación de Santa Cruz, sobre las razones para insistir en que se entreguen los 185 colmillos de jaguar a una instancia “competente del Estado”, además de otros productos de 17 especies, como cueros, etc.

Según Ortiz, el Órgano Judicial no es competente porque está para administrar justicia, no para confiscar los colmillos.

“Pedimos al juez a cargo que se aplique la analogía de la Ley 1008, y que se quemen los colmillos y todo lo demás, o que pasen a un órgano estatal competente, como el Museo de Historia Natural, dependiente de la Uagrm y respaldado por el Ministerio de Medio Ambiente. Como nos rechazó, hicimos la apelación, y teóricamente en diez días debería definirse”, explicó Ortiz, que representó al Estado boliviano en el proceso judicial contra dos traficantes chinos, uno de ellos prófugo y la otra recluida en Palmasola, por deterioro y destrucción de los bienes del Estado.

En caso de que la apelación le dé un revés, Ortiz dice que interpondrá un amparo constitucional.

La versión de Ortiz es que el juez se agarró de dos parámetros para la negativa: primero, que “el chino está fugado”; y segundo, que quizás se haga una revisión extraordinaria de la pena, que es un recurso más que tiene la norma, y que por eso van a necesitarse los objetos materiales, “cosa que no tiene lógica”, aseveró.

El abogado también informó que la ciudadana china pidió salir de la cárcel, y que el juez le ha denegado, porque no hay suspensión condicional del proceso por delitos de medioambiente.

EL DEBER buscó al juez Juan Coronado, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes. Del mismo modo, contactó a la vocal de la sala penal primera, Gladys Alba, para conocer más detalles de la audiencia de apelación.

“Recién me entero cuando ya hay señalamiento de audiencia porque soy la que firma ese señalamiento, y no me ha llegado nada aún. A veces está sorteado, pero a veces no lo traen a la sala, aunque aparezca en el sistema como sorteado, tengo que verificar”, manifestó la autoridad judicial.

La preocupación de la Gobernación, además de activistas ambientalistas, es que las piezas se extravíen y después sean comercializadas, porque si bien la Constitución Política del Estado impide poner un precio a estas piezas, al considerarlas invaluables, el mercado negro sí les pone un monto, que va desde los dos mil hasta los cinco mil dólares por colmillo, dependiendo de la perfección y del tamaño, según el reportaje de EL DEBER, realizado por Roberto Navia, y premiado con el Premio Rey de España.

Estas piezas juntas, en su cotización más baja, podrían venderse por 370 mil dólares, e incluso alcanzar el millón de dólares multiplicando por cinco mil dólares, descontando las demás piezas del jaguar, como la piel, y hasta los testículos.

“Constitucionalmente no podemos hacer una cotización de los colmillos porque es un bien protegido invaluable, y si nos hubiéramos enfocado en un precio, perdíamos el proceso. El Viceministerio de Medio Ambiente presentó una cotización, que está en el juzgado, como constancia en el expediente”, informó.

En enero de este año, EL DEBER contactó al juez Coronado, quien mostró los colmillos, y en esa fecha aseguró que, una vez se compruebe la notificación a todas las partes procesales, entre ellos la Fiscalía, la Gobernación, el Viceministerio de Medio Ambiente y los acusados, resolvería el destino de las pruebas. De eso ya transcurrieron diez meses.

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