El TCP declara constitucional la Ley 233 de Fiscalización territorial

tcp alcaldiaEl director general de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Fernando Velásquez, informó que El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró, por medio de la sentencia 082/2017, la constitucionalidad de la Ley 233 de Fiscalización Técnica y Territorial; ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el concejal del MAS, Jorge Silva.

La Fejuve dirigida por Jesús Vera convocó a una serie de movilizaciones en contra de esta Ley porque considera que vulnera los derechos de los propietarios; según la opinión del Director Velásquez esto es una prueba de que las movilizaciones eran políticas, ya que el fallo confirma que la Alcaldía actuó en el marco de la legalidad

“Entendemos (esto) como una acción política, eminentemente politiquera, con el dirigente (Jesús) Vera, el autoproclamado presidente de la Fejuve La Paz. Esto no hace otra cosa que demostrar que las movilizaciones producidas que han perjudicado al conjunto de la ciudadanía, al igual que estas declaraciones y acciones, simplemente se fundaban en mentiras que han distorsionado y engañado a la gente, diciendo que se iban a demoler todas las casas en la ciudad de La Paz”, dijo Velásquez.

La Alcaldía explicó que la Ley Municipal 233 de Fiscalización Técnica Territorial y sus reglamentos buscan agilizar los procesos técnicos y reforzar la lucha contra loteadores y protege la propiedad de los vecinos. Ante los reclamos de los vecinos, el 31 de mayo se aprobó la Ley 240 de complementación a la Ley 233, que diferencia el carácter social y económico de las construcciones.

La Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial acorta procedimientos administrativos en contra de loteadores que ocupan predios públicos y establece sanciones “duras” contra y los que realizan grandes construcciones “engañando” a la administración edil y vulnerando la norma, explicó la Alcaldía.

La ley complementaria 240 y uno de sus reglamentos a través del Decreto 015, aclara que las construcciones de tipo familiar o social de hasta cuatro pisos están exentos de fiscalización y multas.

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