Borda propone que partidos políticos expliquen la fuente de recursos para sus campañas

BORDA1El presidente de la Comisión de Justicia Plural, diputado Víctor Borda, planteó este jueves que para evitar que los partidos políticos sean financiados con recursos provenientes de actividades ilícitas, se elabore una norma para que éstos estén obligados a explicar la fuente de recursos para sus campañas.

“Soy más partícipe de que en la nueva Ley de Partidos Políticos se establezca una norma específica donde el candidato pueda hacer conocer las fuentes de financiamiento lícito de su campaña, y si hay alguna probabilidad de que se está financiando de manera ilegal, ilícita, poder no solamente sancionar en el ámbito del Derecho Penal, sino también en el ámbito electoral, suspendiendo definitivamente la personería jurídica del partido político”, manifestó.

El diputado Borda calificó de simplista el argumento de que en varios países vecinos hubo campañas políticas financiadas con recursos ilícitos, como fue el caso de la constructora internacional Odebrech, que en los últimos meses está siendo investigada por supuestos nexos con campañas de presidentes y ex presidentes.

El pasado diciembre, la justicia estadounidense reveló que Odebrech había invertido 788 millones de dólares en sobornos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, y en los últimos días este escándalo salpicó al ex presidente peruano Alejandro Toledo y al primer mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos.

Borda expresó que el pueblo boliviano no puede estar financiando la campaña política de los partidos que quieren gobernar el país, porque no se puede financiar “farras con recursos de la gente humilde”.

Remarcó que para hacer campaña política no se necesita grandes cantidades de dinero, sino un buen programa de gobierno e ideas para mejorar la calidad de vida de los bolivianos.

En agosto de 2008, el gobierno, mediante la Ley 3925, eliminó el financiamiento estatal para las campañas de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, re direccionando esos recursos a la atención integral de las personas con discapacidad.

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