Argentina: reabren investigación a Cristina Fernández por supuesto encubrimiento en el atentado de AMIA que denunció el fallecido fiscal Alberto Nisman

 _93174911_dfkepaDos días después de ser procesada por presunta corrupción, este jueves la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió otro golpe judicial.

El máximo tribunal penal de Argentina ordenó reabrir este jueves la causa que investiga un presunto plan de su gobierno para encubrir a los supuestos autores del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y que fue denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Por mayoría de votos, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Fiscalía, que cuestionaban la decisión del juez federal Daniel Rafecas, encargado del caso, de archivar la denuncia en marzo de 2015, meses después de que el fiscal Alberto Nisman, impulsor de la misma, apareciera muerto en su apartamento de Buenos Aires con un tiro en la cabeza.

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Solo cuatro días antes de su muerte, cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas, Nisman había presentado la denuncia ante la justicia argentina.

Relaciones comerciales

Argentina culpó al Estado iraní, junto al grupo radical chiita Hezbolá, de planear y ejecutar el atentado que dejó 85 fallecidos y 300 heridos en la organización argentino-israelí.

Ochos ciudadanos iraníes fueron procesados en 2003.

Nisman, que investigó el ataque durante más de una década, sostenía que el gobierno de Fernández buscó encubrir a los acusados iraníes a cambio de profundizar las relaciones comerciales con Teherán.

La denuncia también acusa de encubrimiento al ex canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios y diputados kirchneristas.

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Fernández niega las acusaciones y dice que por el contrario su gobierno fue el que “más hizo” para el esclarecimiento del atentado.

Este martes Fernández fue procesada por asociación ilícita en el caso que investiga irregularidades en la contratación de obras públicas de su gobierno.

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La exmandataria niega los cargos, que atribuye a una supuesta persecución política del gobierno de Mauricio Macri.

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