El TSE no sanciona al MAS y deja al Tribunal Constitucional el fallo

tseEl Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) defina una posible sanción al Movimiento Al Socialismo (MAS) por una infracción electoral, el comentario de una “encuesta interna” en  televisión. Sol.Bo y Creemos cuestionan  la decisión que se dio poco antes de que el MAS aceptara  participar en la mesa de diálogo convocada por el Órgano Electoral y la Asamblea Legislativa.  

El  14 de julio de 2020, el candidato del MAS Luis Arce  fue entrevistado  por Enrique Salazar, en el canal Abya Yala. Allí expuso una “encuesta interna” de su partido, según la cual, dijo, él ganaría en primera vuelta  con 18 puntos de diferencia sobre  Carlos Mesa, el segundo.

Ante la pregunta de Salazar;  “¿Y tercero quién sería, si es que podemos conocer?”. Arce respondió: “Como está publicada en varios lugares, la señora (Jeanine) Añez está en tercer lugar. En realidad, el margen es bastante amplio con ambos, tenemos muy buena diferencia (…)”.

El artículo 136 de la Ley 026 señala:   “Se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”.

En aplicación de la Ley 026 de Régimen Electoral, por el hecho, el partido azul debió perder de manera automática su personería jurídica, como ocurrió en 2015 cuando el mismo Órgano Electoral anuló la personería  de Demócratas.

 Ante la sombra de ser sancionado, el MAS presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional . En esta acción  cuestiona la Ley 026  con el argumento de que  al disponer la suspensión inmediata de la personería jurídica de un partido político por la difusión de encuestas, obstruye el derecho al debido proceso.

En la misma bolsa
 
A diferencia de 2015, esta vez el Tribunal Supremo Electoral  decidió “Promover la inconstitucionalidad concreta presentada por el delegado político titular del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), cuestionando la constitucionalidad del parágrafo II del artículo 136 de la Ley 026 de Régimen Electoral”, según señala la Resolución 025/2020 del TSE.

La resolución de sala plena del TSE plantea que la decisión del TCP se aplique también a las denuncias que hay contra las agrupaciones políticas Comunidad Ciudadana, Juntos y Creemos, a cuya militancia también se acusa de haber divulgado encuestas durante la campaña electoral.

Con el voto disidente de la vocal Rosario Baptista, la sala plena del TSE dio la razón al MAS que interpuso una acción concreta de inconstitucionalidad contra el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral que faculta al Órgano Electoral anular la personería jurídica del partido azul.

La resolución indica que la vocal Baptista dio a conocer su voto disidente, por considerar que “la fundamentación del accionante es insuficiente;  por tanto, ante su manifiesta improcedencia  debió ser rechazada”.

“Sin embargo, al existir duda fundada sobre la inconstitucionalidad de esta disposición (parágrafo III del artículo 136 de la Ley 026 de Régimen Electoral), por razones vinculadas a los derechos políticos de elegir y ser elegido y la falta de proporción entre acto y sanción, el TSE debió interponer la acción de inconstitucionalidad concreta de oficio, con los fundamentos mencionados”.

Los cuestionamientos

José Luis Bedregal, de Sol.Bo, señaló que lo único que correspondía era que el TSE haga cumplir la ley y sancionar al MAS. “No hay fundamento en la acusación contra las otras representaciones políticas porque se hacen fuera de calendario. El MAS difundió estudios de opinión dentro de calendario”, añadió.

José Carlos Gutiérrez, de Creemos, dijo que el MAS  vulneró la ley  y se debió sancionar. “El TSE incumplió con su tarea  y no quiso resolver y amerita un proceso contra la sala plena”, observó.

El jurista Iván Lima señala que el artículo 136 es inconstitucional y amerita que el TCP se pronuncie. Esto implica trasladar la consulta al Senado donde se originó la ley y en 45 días pronunciarse y archivar el proceso si se declara inconstitucional.