Remiten a la Fiscalía General del Estado la investigación contra Carlos Mesa por el caso Lava Jato

mesa_preocupadoLa Fiscalía Departamento de La Paz remitió a la Fiscalía General del Estado la investigación en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Lava Jato.

Así lo informó una de las fiscales asignadas al caso en La Paz, Edna Montoya, en conferencia de prensa.

“Puesto que como se trata de un expresidente y los supuestos ilícitos se hubieran competido cuando era expresidente vamos a remitir el informe a la Fiscalía General”, aseveró según un reporte de ATB.

Explicó que la Fiscalía General tiene las atribuciones para investigar hechos cometidos por expresidentes durante el ejercicio de sus funciones.

En mayo de 2018, la diputada del MAS, Susana Rivero, que investigaba  el caso Odebrecht y Lava Jato, informó que la carretera Roboré – El Carmen fue “amarrada” en el gobierno de Mesa y que es por esta razón por la que se investiga su gestión de gobierno.

Entre sus denuncias, Rivero señaló que durante el Gobierno de Mesa se firmaron seis decretos que abrieron las puertas para que las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo-Correa se hicieran cargo en Bolivia de la construcción, en dos tramos, de la carretera Roboré-Arroyo Concepción.

Uno de ellos el que autorizó la división en dos tramos del proyecto que inicialmente contemplaba sólo uno y otro de adjudicación con un sobreprecio de 42,5 millones de dólares, que finalmente fue modificado en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

El exmandatario admitió de haber promulgado 4 decretos para garantizar la realización de los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, que forman parte de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país, que fue declarado como prioridad nacional mediante la Ley 1105 de 22 de septiembre de 1989.

Asimismo, Mesa afirmó que queda claro que en su gobierno se inició la adjudicación y la firma de contratos correspondientes para la ejecución de los tramos señalados, pero la imposibilidad de conseguir el financiamiento para la contraparte estatal impidió que estos entraran en vigencia.

Aclaró que fue el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé el que adjudicó finalmente las obras y suscribió los contratos correspondientes.